El beneficio personal ilegítimo de la Infanta Cristina y su marido

La Infanta Cristina de Borbón y su marido Iñaki Urdangarín fueron acusados de defraudar a los contribuyentes 4,5 millones de euros mediante la malversación y blanqueo de dinero – a través de una organización sin ánimo de lucro, el Instituto Nóos. La Infanta Cristina había sido miembro de la junta, mientras que su marido era el director.

En concreto, Cristina fue acusada de utilizar el dinero de la organización para gastos personales. Urdangarín fue acusado de fraude fiscal y blanqueo de dinero. Él y su socio Diego Torres fueron acusados de sobrecargar enormemente los presupuestos de obras públicas en dos gobiernos regionales (Islas Baleares y Valencia) que participaron en diferentes eventos deportivos organizados por el Instituto Nóos.

Se llevaron a cabo cargos formales contra Urdangarín en diciembre de 2011. En febrero de 2012, debido a la investigación, se llevaron a cabo redadas en las oficinas de tres compañías involucradas en contratos de varios millones de euros entre las organizaciones benéficas de Urdangarín y el gobierno regional de Valencia, que ya estaba siendo investigado por casos de corrupción. Los cargos contra la Infanta Cristina siguieron en junio de 2014. Otras dieciséis personas, además de la infanta Cristina y Urdangarín han sido acusadas en el caso.

Como resultado de las alegaciones y posterior juicio, el hermano menor de Cristina, actual rey de España Felipe VI, revocó los títulos de su hermana y del marido de ésta de Duques de Palma de Mallorca, en junio de 2015. Sin embargo, la Infanta y sus hijos permanecen en la línea de sucesión al trono.

La Infanta negó totalmente el conocimiento de los negocios de su marido y repitió la frase “no sé” 182 veces en respuesta a las preguntas de un juez en una audiencia preventiva de febrero de 2014, según una transcripción.

En septiembre de 2016, el diario El Mundo publicó el contenido de una conversación grabada, supuestamente del líder del sindicato “Manos Limpias” discutiendo una oferta del emérito rey Juan Carlos II en la cual le ofrecía dos millones de euros en efectivo por abandonar el caso.
En la grabación, un hombre identificado como Miguel Bernad del  sindicato “Manos Limpias”,  que se presentó como acusación particular en la causa, se acreditaba como una persona que afirmaba representar el Rey Juan Carlos I se aproximó a él, solicitando que el sindicato retirase sus acusaciones de fraude fiscal en contra de la princesa a cambio del pago.
“Él me hizo la siguiente oferta: dos millones de euros y, además de eso, todos los gastos que pudiera haber habido en relación con el juicio […] todo en efectivo”, alegó.
La voz que decía ser Bernad dijo que el presunto intermediario con quien habló era Íñigo Cotoner, Marqués de Mondéjar, cuyo padre fue jefe de la Casa del rey Juan Carlos I entre los años 1970 y 1980.

Uno de los co-acusados en el juicio ha dicho que se sentía “utilizado” por la pareja real, que habían sido amigos suyos desde hacía mucho tiempo. José Luis Ballester, un ex-regatista ganador del Oro Olímpico, dijo que se sintió obligado a ayudar al cuñado del rey de España después de convertirse en el director general de deportes del Gobierno de las Islas Baleares entre 2003 y 2007. Ballester está acusado de incumplimiento del deber, malversación, fraude y tráfico de influencias.
“Con el tiempo te das cuenta de que eres un pequeño instrumento,” dijo Ballester.
Se esperaba llegar a un veredicto en octubre pero al final no será hasta diciembre de 2016.