El tráfico de influencias entre Francisco Correa y miembros del PP

En noviembre del 2007 se inició la investigación del caso “Gürtel” tras una denuncia que José Luis Peñas, exconcejal del Partido Popular de Majadahonda, presentó ante la Fiscalía Anticorrupción.

El líder de la trama fue Francisco Correa, un empresario madrileño. Correa sobornó e influenció a muchos políticos para conseguir que éstos formalizasen contratos con empresas privadas para su propio beneficio y el de la red. Uno de los municipios donde esto tuvo lugar fue en Boadilla del Monte.

Ana Garrido Ramos, quien trabajó en la concejalía de juventud del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, empezó a recibir órdenes para dar preferencia a determinadas empresas a la hora de firmar contratos para obras públicas y decidió denunciarlo.

En diciembre de 2007, Garrido escribió una carta a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. En la cual relataba los chanchullos del entonces alcalde de la localidad, Arturo González Panero (alias “el albondiguilla”), con varias empresas en la trama. La carta de Garrido no obtuvo respuesta y tampoco la obtuvo al repetirla en febrero de 2009.

En ese mismo año, el juez Garzón recibió las pruebas de Garrido. Ya llevaba dos años investigando el caso, y en 2009 fue cuando ordenó las primeras detenciones.
Otras pruebas que emergieron parecían demostrar que había un sistema bajo el cual diversas compañías, que se encontraban bajo la influencia de Correa, organizaban eventos políticos para el PP. Eventos que el partido no tenía que pagar, y estas compañías, a cambio, recibían contratos públicos con altos beneficios.

Un año más tarde, el juez Garzón fue expulsado del caso y condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación como juez. Por abusar de su autoridad al ordenar la interceptación de conversaciones telefónicas entre los sospechosos encarcelados y sus abogados, ya que creía que estos estaban conspirando para destruir las pruebas y poner a salvo el dinero de los sobornos.

El gobierno del PP instauró una nueva ley que permitió la amnistía fiscal (del dinero no declarado a Hacienda) hasta el fin del 2012, a pesar de haber criticado al gobierno del PSOE dos años antes por la misma idea.
Cuando la investigación del caso Gürtel se expandió hacia una investigación de las finanzas del Partido Popular en 2013, contabilidades escritas a mano salieron a la luz. Presuntamente Luis Bárcenas, extesorero del PP, había estado a cargo de estas contabilidades, y expertos grafólogos confirmaron que era su caligrafía.

Bárcenas fue arrestado y se descubrió que tenía decenas de millones de euros en cuentas bancarias de Suiza. El nombre que aparecía más a menudo en estas contabilidades era el del presidente de España Mariano Rajoy, quien supuestamente habría recibido 322.231€. En estos fondos no se contemplaba dinero para gastos personales, cosa que se traduciría en otros 33.207€.

El Partido Popular se apresuró a distanciarse de Bárcenas. Y a primeros de febrero, Rajoy dio una rueda de prensa en la cual desmintió todas las acusaciones.
Como se informó en El País, esa rueda de prensa fue transmitida a los periodistas únicamente a través de pantallas de televisión que se dispusieron en la sala contigua a la que se encontraba Rajoy en aquel momento. Y no se permitieron preguntas por parte de los reporteros.

En 2016, llegó finalmente a los tribunales para el enjuiciamiento. Con 37 personas testificando, incluyendo a Bárcenas, Correa y la ex ministra de sanidad, Ana Mato.
El juicio cubre el periodo del 1999-2005. Las investigaciones de años posteriores y los presuntos fondos turbios del PP siguen en curso.